Noticias sobre Cláusulas abusivas

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Se anula por primera vez la adjudicación de un piso a un banco

El juez Fernández Seijó, titular del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona ha dado un paso más en la protección al deudor hipotecario, al devolver la vivienda a una deudora basándose en que perdió su casa por no haber podido alegar la existencia de cláusulas abusivas durante el proceso de ejecución. Se trata de un fallo en el que la defensa de la deudora pidió la anulación de dos cláusulas por abusivas -en concreto, de vencimiento anticipado y de intereses moratorios‐, así como la nulidad del procedimiento de ejecución hipotecaria que provocó la pérdida de la vivienda por parte de la afectada, y que fue dictado en su día por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Gavá a instancia de la entidad financiera.
La ejecución que ahora se anula se basó en el impago de cinco cuotas de la hipoteca, una suma que representa un 1,38% del total de plazos pactados. Ello lleva a Fernández Seijó a determinar que cuantitativamente el retraso afecta a un porcentaje muy reducido de los compromisos económicos. No habría, por tanto, un incumplimiento grave que justificara la ejecución.
 

Un juzgado anula 67 hipotecas con cláusulas suelo del BBVA

Un juzgado de Madrid ha anulado las cláusulas suelo de 67 contratos hipotecarios y también ha condenado a la entidad bancaria a devolver lo que cobró con exceso ya que considera que el “trastorno económico” que le supondrá será “mucho menor” que el que causó al aplicar esta cláusula abusiva. En la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid se indica que las cláusulas analizadas “no cumplen con el requisito de transparencia” porque “falta información suficientemente clara” y se insertaban de manera conjunta con las cláusulas techo “como aparente contraprestación de las mismas”.
Fuentes del BBVA indicaron que la entidad recurrirá ante la Audiencia Provincial de Madrid, ya que “respeta el contenido de la sentencia, aunque no comparte los criterios”.

 

En el año 2013 hubo 184 desahucios al día

Los desahucios (de viviendas, negocios, garajes) emprendidos por los juzgados de primera instancia y mixtos tras el impago de los préstamos hipotecarios alcanzaron en 2013 la cifra de 67.189, según el informe de la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, hubo una media de 184 desalojos diarios. Es el primer año en que el Poder Judicial publica estos datos, por lo que no se puede comparar la evolución con periodos anteriores.
No todos los 67.189 casos del informe del Poder Judicial concluyen con desahucios efectivos: los datos se refieren a las diligencias que abrieron los juzgados en 2013. Muchas veces, llegada la hora del lanzamiento, los jueces los suspenden o posponen, por lo que cabe la posibilidad de que parte de los iniciados en 2013 no se hayan ejecutado ese mismo año y aún estén pendientes. De dicho número, el 38,4% derivaba de ejecuciones hipotecarias, el 56,8% de la Ley de Arrendamientos Urbanos y el 4,8% de otras causas. Por comunidades autónomas, Cataluña fue el territorio con más desalojos de vivienda, el 23,8%. Le siguen la Comunidad Valenciana (14,6%), Andalucía (13,8%) y Madrid (13%).
El informe recoge también el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2013 ‐es decir, los expedientes abiertos‐: 82.860, un 9,8% menos que el año anterior. El documento explica este descenso por “la publicación de la Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección de deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social”. La norma incorporó la posibilidad de que los jueces paralizaran desahucios mientras se comprueba si hay cláusulas abusivas; impide a los bancos considerar vencido el contrato mientras que no se haya impagado tres mensualidades; permite la dación en pago solo en supuestos muy tasados y retoca el código de buenas prácticas para los bancos.
Así como la cifra más alta de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2013 se produjo en Cataluña, también es la comunidad que se sitúa en cabeza en el cuarto trimestre del año, cuando supusieron el 23,5%.
El pasado enero, el Banco de España reveló los datos de desahucios de la primera mitad de 2013, que, por primera vez, procedían de un cómputo estricto de las ejecuciones lanzadas desde las entidades. El retrato del supervisor revelaba que 35.098 familias se quedaron sin casa entre enero y junio del pasado año al no poder pagar la hipoteca.

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Fuente: El País, La Razón, La Vanguardia, ABC

Los jueces no están de acuerdo con el recálculo de los intereses de demora abusivos

La Audiencia Provincial de Castellón se ha sumado a los tribunales que, valiéndose de la normativa y la jurisprudencia de la Unión Europea, se niegan a recalcular los intereses bancarios cuando éstos sean abusivos, optando por la opción más dolorosa para la banca: la eliminación de la cláusula al completo, con la consecuente ganancia cero por este concepto para la entidad. Lo determina así en un auto con fecha de 18 de diciembre de 2013 en el que la Sala entiende que no procede el recálculo de los intereses excesivos, ignorando el mandato que fija la Disposición Adicional Segunda de la Ley 1/2003, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, y asegurando que ésta “es contraria al derecho y a la jurisprudencia comunitaria”.
La conclusión a la que llega la Sala es que, detectado el carácter abusivo del interés moratorio pactado, la solución es la supresión de los intereses moratorios. Para ello, se basa en el principio de supremacía del Derecho y de la jurisprudencia de la Unión Europea y, concretamente, en la Directiva 93/13/CEE, sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados con los consumidores, en el sentido en que ha sido interpretada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. El auto, que desestima la pretensión de BBVA, parte de una demanda de ejecución hipotecaria planteada por dicha entidad. Tras la adjudicación de la vivienda al banco, el afectado se opuso a la liquidación propuesta, basándose en la nulidad de pleno derecho de los intereses moratorios. Partiendo de este supuesto, la sentencia asegura que “frente a la norma invocada ‐la Ley 1/2003, de 14 de mayo‐ debe prevalecer el contenido de la Directiva”, en el sentido de que, en cuanto a los intereses de demora, “si la cláusula que los impone es declarada abusiva, no cabe aplicar un interés inferior al pactado, siendo la consecuencia su no aplicación”. Por ello, “no cabe su moderación, que es en definitiva lo que supondría la aplicación de la norma citada”.

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Fuente: El Economista

El juez anula 40.000 cláusulas suelo de Cajasur

El juez de lo Mercantil de Córdoba ha confirmado en un auto la eliminación de la cláusula suelo para más de 40.000 clientes que contrataron una hipoteca con Cajasur. La decisión responde a un recurso interpuesto por la entidad contra la decisión, dictada por el mismo juez en diciembre de 2012, que ordenaba la anulación del límite inferior para los tipos de interés. Cajasur ha recurrido al Tribunal Supremo.
La caja tiene firmadas otras cláusulas suelo con unas 60.000 familias en toda España con tipos de interés mínimos de entre un 2,5% y un 3,25%. Estas cláusulas aún no han sido revocadas por abusivas, como ha ocurrido con las establecidas entre el 3% y el 4%, que son las beneficiadas por este auto. El proceso judicial para esos casos sigue adelante. La asociación de usuarios de la banca Ausbanc, que ha litigado con Cajasur, anima a los poseedores de ese tipo de hipotecas a presentar demandas individuales ante los tribunales.

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Fuente: El País
 

Una sentencia declara abusivo el IRPF

El Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Collado Villalba (Madrid) ha frenado, a través de un reciente auto, el curso de un procedimiento de ejecución hipotecaria por impago de la hipoteca, anulando la cláusula que impuso el uso del Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) en sustitución del euríbor, y ello porque éste “resulta más perjudicial para el prestatario, lo que da lugar a declarar dicho índice como abusivo”. El auto, del 5 de septiembre, estudia un supuesto en que el cliente de la entidad ‐Banca Cívica‐ se opuso a la ejecución alegando la existencia de ciertas cláusulas abusivas, entre ellas, una cláusula suelo que se anula teniendo en cuenta los criterios sentados por la sentencia del Supremo de 9 de mayo en cuanto a falta de transparencia.
El auto también considera abusiva la cláusula que permite a la entidad la venta extrajudicial del inmueble, “lo cual desfavorece al prestatario, al quedar el proceso fuera de la jurisdicción”; así como negar al cliente la posibilidad de ceder el crédito o préstamo hipotecario, tal y como fija el artículo 149 de la Ley Hipotecaria. Se anula también la imposición a la parte prestataria de la responsabilidad universal ‐en lugar de limitada‐, al “no haberse acreditado el haber informado a la parte ejecutada de dicha circunstancia”. Lo mismo se aplica a los intereses de demora ‐del 20%‐, dado que “excede cuatro veces el interés legal del dinero para el año 2007, esto es, un 5%”, lo que supone que “se determine con rotundidad que estamos ante una cláusula claramente abusiva”. Además, se anula el precepto que obligaba al cliente a solicitar el previo consentimiento de la caja para arrendar o ceder la finca hipotecada, imponiendo un precio mínimo de alquiler, dado que ello “infringe el principio de libertad de contratación, constituyendo una limitación del derecho del dueño a disponer de sus bienes”. La cláusula de vencimiento anticipado unilateral por un solo impago también desaparece.

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Fuente: El Economista

Negociar la eliminación de las cláusulas suelo

Hasta hace unos meses no era nada sencillo conseguir la eliminación o la reducción de las cláusulas suelo hipotecarias. Las sentencias en contra de esta práctica han cambiado las reglas de juego. Algunas entidades como BBVA, Novagalicia o Cajamar están obligadas a ello (sentencia del Tribunal Supremo); otras empiezan a “ceder”, si bien no de forma general, sino individualizada. De ahí la importancia de recurrir a la negociación directa antes de acudir a otras vías (más largas y costosas, como puede serla judicial).
Es bastante habitual que el director de la oficina donde se contrató la hipoteca explique al cliente que él no tiene potestad para reducir y mucho menos eliminar la cláusula. En muchos casos es cierto. Suele bastar, sin embargo, con presentar una reclamación al Defensor del Cliente de la entidad ‐incluso, en ocasiones, esos mismos directores facilitan los escritos modelo‐ para que se inicie el proceso. Eliminarla del contrato hipotecario requiere, según los expertos, una nueva escritura que lleva aparejados algunos gastos notariales y tributarios, por lo que lo habitual es conseguir, a través de un acuerdo privado por escrito, una reducción significativa de la cláusula suelo. Por ejemplo: de un 4,25% de tope mínimo a otro del 2% en una hipoteca de euríbor más un diferencial de 1,5 puntos. Si finalmente, de manera general, se establece el carácter abusivo de estas cláusulas, estas quedarán definitivamente anuladas.
La rebaja que se puede obtener con una reducción parcial de la cláusula suelo puede ser más significativa en las hipotecas más antiguas cuyos diferenciales sobre euríbor son más cortos. En el ejemplo anterior, para una hipoteca de 100.000 euros a 25 años, la diferencia entre pagar un tipo de interés efectivo del 4,25% a otro del 2,1% (euríbor de 0,55 más el diferencial) es de más de 110 euros al mes.

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Fuente: El País

Una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid anula 45 cláusulas bancarias

La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado un total de 45 cláusulas en contratos de Banco Popular y BBVA a través de una sentencia con fecha de 26 de julio de 2013, en la que arremete, entre otras, contra varias cláusulas suelo, tomando como referencia la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 9 de mayo. El fallo, que procede de la Sección 28 de la Audiencia, confirma y amplía el número de preceptos declarados nulos en la sentencia recurrida. Las cláusulas proceden de un total de nueve contratos ‐cinco de Popular y cuatro de BBVA‐, siendo dos de ellos hipotecarios y el resto relativos a cuentas bancarias, tarjetas y servicios online. Se trata, en concreto, del resultado de una acción de cesación en el empleo y difusión de las condiciones generales de la contratación declaradas nulas, procedente de una demanda colectiva presentada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Precisamente, el hecho de tratarse de una acción de cesación hace que sus efectos se produzcan desde la nulidad en adelante, por lo que la Audiencia no se pronuncia sobre una de las cuestiones más espinosas en materia de cláusulas suelo: la no devolución de las cantidades cobradas indebidamente antes de la sentencia anulatoria.
La sentencia parte del hecho de que la decisión plenaria del Supremo del pasado mes de mayo “supone la existencia de jurisprudencia”, que complementa al ordenamiento jurídico y vincula a los demás tribunales. Dicho esto, se adentra en la cuestión asegurando que las cláusulas hipotecarias anuladas forman parte de las condiciones generales de la contratación, al estar “absolutamente predeterminadas”. En cuanto al examen de transparencia ‐que la sentencia toma del Supremo‐, la Audiencia abre la puerta a que este análisis, “que pudiera resultar más propicio de los litigios derivados de acciones individuales”, se realice también en las acciones colectivas como la que ocupa este fallo. Así, “lo cierto es que la sentencia del Supremo efectúa su pronunciamiento en sede del ejercicio de una acción colectiva, lo que nos obliga a acometer esa misma labor en un escenario similar”. Para ello, el fallo fija que debe acudirse a “aspectos objetivos del clausulado”.

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Fuente:El Economista

La Junta de Andalucía multará por las hipotecas abusivas

La Junta de Andalucía está recrudeciendo la particular batalla que mantiene desde hace tres años contra las entidades financieras. El último paso en este sentido es la aprobación de un anteproyecto de ley que endurece los requisitos para conceder hipotecas. Entre otras cuestiones, obliga a los bancos y cajas a una mayor transparencia y les impide vincular la contratación de ciertos productos a los préstamos para viviendas, como seguros de vida o del hogar. Además exige a los notarios y a los registradores de la propiedad que denuncien “cláusulas abusivas” antes de firmar una hipoteca y a ponerlas en conocimiento tanto del usuario como de la Junta para iniciar el correspondiente expediente sancionador. Para todos aquellos que incumplan la norma, se contemplan sanciones de hasta 600.000 euros y el quíntuplo del valor de los beneficios ilícitos obtenidos o de los perjuicios causados.
Esta iniciativa se une al impuesto sobre los depósitos de 2010 y al decreto de la Función Social de la Vivienda ‐conocido como Ley Antidesahucios‐ aprobado el pasado abril y que está recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno, una vez que Bruselas advirtió de que entrañaba riesgos no sólo para la banca sino para la propia recuperación económica de España. En ambos casos, detrás está la mano de Izquierda Unida, socio de gobierno del PSOE. La norma anunciada tiene la firma de Diego Valderas, vicepresidente andaluz y titular de la cartera de Administración Local y Relaciones Institucionales, de la que depende el área de consumo, quien ayer destacó que el objetivo es “acabar con los abusos en estas operaciones financieras y asegurar que la ciudadanía conozca en todo momento los derechos que le corresponden, ante qué productos se encuentra y cómo y dónde puede hacer valer las garantías que ofrece la Administración andaluza”. Fuentes de los sectores financiero e inmobiliario, sin embargo, mostraron su temor a que esta medida tenga un efecto contraproducente y que se reduzca aún más la concesión de créditos para la adquisición de una vivienda.
Andalucía es una de las regiones en las que se está produciendo una mayor contracción en la formalización de hipotecas. Según datos del INE, en junio se firmaron 3.000, lo que supone un 40% menos en términos interanuales. Un desplome que, además, viene precedido de otros igualmente significativos en ejercicios previos.

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Fuente: Expansión, El Economista

La PAH solicita más plazo para reclamar las cláusulas abusivas

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid reclamó a los grupos parlamentarios que insten al Gobierno a retirar el plazo habilitado con la Ley 1/2013 para solicitar la suspensión de las cláusulas abusivas. Las familias amenazadas por una ejecución hipotecaria disponían de un mes, que se cumplió el 17 de junio, para presentar alegaciones, un plazo “sumarísimo” que las coloca “en una situación de absoluta indefensión, cuando el acceso a la justicia gratuita se demora en la actualidad al menos un mes y medio”, según la plataforma. El Tribunal de Justicia de la UE sentenció en marzo que existían cláusulas abusivas en las hipotecas españolas. La organización antidesahucios ‐que planteó días antes la misma reclamación al juez decano de Madrid, José Luis González Armengol‐ cree que el tiempo fijado corría “a favor de las entidades financieras y en contra de los afectados”.

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Fuente:El País

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