Noticias sobre Alquiler

El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid reclama para incentivar el alquiler. En concreto, pide que se potencie el arrendamiento con opción de compra, propone cambios en la fiscalidad de la renta para el inquilino y el propietario y solicita planes de vivienda protegida destinada al alquiler. El colegio argumenta en un comunicado que estas propuestas permitirían aumentar la movilidad laboral en España y facilitar a las entidades financieras la salida del ingente stock inmobiliario que mantienen en cartera. Se calcula que el país acumula 800.000 inmuebles sin vender. Los agentes de la propiedad reclaman que se introduzcan elementos que flexibilicen el sistema normativo en el ámbito fiscal, administrativo y procesal, e insisten en unificar criterios entre las comunidades autónomas con el objetivo de establecer un marco estable que ahorre costes administrativos y agilice los trámites. El colectivo destaca que aún está pendiente mejorar la fiscalidad en la transmisión de inmuebles y apuesta por introducir el arbitraje entre los consumidores y los bancos en ciertos supuestos. Para reactivar el mercado hipotecario, reclaman nuevas fórmulas que faciliten la financiación de los promotores inmobiliarios y de las empresas del sector para conseguir inversiones y medidas fiscales con el objetivo de favorecer la actividad de los proyectos emprendedores en el sector, lo que podría hacerse, según propone el colegio, en el ámbito de la rehabilitación.

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Fuente: Cinco Días

El Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) ha decidido dar mayor importancia y visibilidad al régimen de alquiler, reflejando el cambio que está viviendo el mercado residencial español, donde, tradicionalmente, el arrendamiento apenas ha tenido cuota de mercado. Eloy Bohúa, presidente de Planner Red, firma organizadora de la feria inmobiliaria, explica que “el alquiler y el alquiler con opción a compra va en aumento, y la iniciativa de SIMA facilitará el contacto entre las empresas con este tipo de oferta y los visitantes interesados en esta modalidad de acceso a la vivienda”. Las inmobiliarias y las entidades financieras ofrecen su producto residencial en alquiler, al contar los compradores con dificultades para conseguir financiación hipotecaria para la adquisición.

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Fuente: Expansión

En 2012 estaba previsto que se iniciara la construcción de 55.130 viviendas de protección oficial (VPO) en régimen de compra y 23.043 para el alquiler. Es decir, 78.173. Sin embargo, solo se financiarán 15.577. Ni un 20% de lo convenido en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. Y apenas una décima parte de las 150.000 VPO al año que prometió el anterior Gobierno.  
En total, el Gobierno destinará 820,1 millones de euros a la política de vivienda en 2012, un 31,7% menos que en 2011, según se desprende del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012. La política de vivienda se vuelca en la rehabilitación. La previsión es financiar 60.857 actuaciones en este ámbito, un 11% más que en 2011, pero un 36% menos que lo convenido para 2012. El gran objetivo del Ejecutivo es “impulsar la rehabilitación, y especialmente la rehabilitación de barrios completos”. Además, se priorizarán los recursos “para financiar ayudas al alquiler de vivienda libre para personas con bajos niveles de renta”. Asimismo, se propone que se algunas comunidad autónoma no ejecutara el presupuesto asignado en 2012, se le pueda asignar a otra con ejecución justificada superior en rehabilitación o alquiler.  

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Fuente:Expansión

Los juzgados españoles procesaron el año pasado 58.241 expedientes de desahucio, cifra que supone un récord desde que se tiene registro y que supuso además un aumento del 22% con respecto a 2010. El persistente aumento del paro y los problemas que atraviesan las familias para llegar a fin de mes han llevado a muchos inquilinos a dejar de pagar sus hipotecas o alquileres, tal y como ponen de relieve los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Para evitar el drama que suponen los desalojos de las familias de sus viviendas, el Gobierno ha decidido crear un código de buenas prácticas para la banca con vistas a flexibilizar los desahucios y facilitar la dación en pago de las hipotecas para las personas en riesgo de exclusión. De hecho, durante los últimos cuatro años, los desahucios judiciales se han disparado hasta alcanzar los 166.700 expedientes. La región mas afectada, con diferencia, fue la Comunidad Valenciana, con 13.711 desahucios, seguido de Andalucía con 9.864 y Madrid con 9.460 expedientes. La menos afectada fue La Rioja, con 244. Sólo en el cuarto trimestre, los desalojos de viviendas iniciados en España ascendieron a 15.347, cifra que va en línea con los trimestres anteriores, salvo en el tercer trimestre, en el que hubo unos 10.800.

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Fuente: El País

El Gobierno aprobó una batería de medidas para facilitar que el crédito llegue a las pymes. A través de cinco acuerdos distintos, se ampliaron las líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que pasan de 19.000 a 22.000 millones de euros. El sector inmobiliario se ha quedado fuera de esta lluvia de liquidez.  
El Ministerio de Economía acaba de eliminar el tramo stock de vivienda, que financiaba a las promotoras a cambio de que pusieran sus inmuebles en alquiler. La justificación del Gobierno es que así pretende favorecer que los empresarios del ‘ladrillo’ saquen cuanto antes al mercado los pisos que no logran vender; y a precios más bajos. Hay otro motivo: el relativo fracaso que estas líneas de crédito han tenido en el pasado. En un país en el que hay cerca de un millón de viviendas que no encuentran comprador y en el que las empresas inmobiliarias luchan por sobrevivir, de los 3.000 millones disponibles el año pasado se utilizó en torno al 15%. Las 227 operaciones que se cerraron gracias a la financiación del tramo stock vivienda de la línea ICO absorbieron 468 millones. “Se ha visto que el mercado no va por ahí y que hay que buscar otras vías. Habrá que orientar las ayudas hacia la rehabilitación”, apuntan fuentes de Economía. Por eso el decreto aprobado el viernes establece una línea del ICO dotada con 1.000 millones de euros -un tercio del dinero destinado al instrumento equivalente del año pasado- para promover la rehabilitación de viviendas y edificios. La novedad es que en esta ocasión el dinero se podría destinar a financiar la reforma de los elementos comunes de los edificios.
A pesar de que la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha insistido en que una de sus prioridades en materia de vivienda será el impulso al alquiler, con esta línea de financiación desaparece un acicate importante para que las empresas se dediquen a colgar el cartel de “se alquila” a los inmuebles que son incapaces de vender. El ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció a principios de febrero que la reforma financiera empujaría a bancos y cajas a sacar al mercado el ‘ladrillo’ que arrastran en sus cuentas a precios más reducidos.  

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Fuente: El País

Los propietarios de viviendas en alquiler acogidos al programa Aluga podrán beneficiarse de las ayudas de la Xunta de Galicia para la rehabilitación y mejora de los inmuebles, así como para los gastos originados por el alquiler. El número de casas vacías en la región es muy elevado y el Gobierno regional considera imprescindible adoptar medidas para frenar este excedente con ayudas tanto para los propietarios como para los demandantes de viviendas en alquiler. En total, el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo destinará medio millón de euros a estas ayudas durante este año.

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Fuente:La Gaceta

Julio Rodríguez López, miembro de Economistas frente a la Crisis comenta que el procedimiento de ejecución hipotecaria vigente en España da lugar a que la mayoría de los hogares que no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas permanezcan endeudados con las entidades financieras después de perder la vivienda, señala que la gravedad del problema obliga a plantearse la necesidad de modificar dicho marco legal, sin perjuicio de que el Gobierno desarrolle actuaciones inmediatas a través de acuerdos con las entidades prestamistas. “El problema lo complica el reducido peso del mercado de alquiler en España. Solo el 11,8% de los hogares reside en viviendas de alquiler, según la última encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística. Dicha circunstancia agrava el problema de los hogares desahuciados, por lo que la política de vivienda estatal debería de canalizar sus energías hacia la creación de un parque de viviendas sociales de alquiler más significativo que el existente. Este último supone solo el 2% del parque de viviendas familiares de España, muy por debajo de las proporciones correspondientes a los países de Europa Occidental”
“El cambio deseable de la normativa de ejecuciones de las garantías hipotecarias sobre las viviendas principales debería de llevar a establecer en España un sistema equivalente al concurso de acreedores para los hogares sobreendeudados, y ello para los nuevos préstamos que se concediesen a partir de la entrada en vigor de la nueva normativa”, argumenta. Añade que “dicho sistema llevaría al procedimiento conocido como fresh start, en el que el deudor sin bienes suficientes para pagar y que no ha incurrido en fraude, se le libera de las deudas pendientes, incluso sin consentimiento del acreedor,  procedimiento existente en la mayoría de los países del entorno de España. Lo ideal sería que el prestatario moroso que actuó de buena fe no debería de perder su vivienda”.

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Fuente: Cinco Días

El código de buenas prácticas tendrá carácter retroactivo. Es decir, las entidades que voluntariamente se comprometan a firmar ese acuerdo, podrán aplicar las medidas beneficiosas para los actuales procesos de desahucio. No obstante, dependerá de en qué momento procesal se encuentren los trámites para que se puedan acoger a estas condiciones.

El Gobierno espera que la mayoría del sector financiero se acoja a este código, “porque todos tenemos que hacer esfuerzos en este momento difícil”, según Sáenz de Santamaría. Las entidades están en contra de que se recupere la dación en pago y consideran que la supuesta “voluntariedad” es en realidad una “obligatoriedad, porque nadie se puede oponer al Gobierno, que es el que manda”, comentaron fuentes del sector que pidieron el anonimato.

Las condiciones para estar incluido en este plan de flexibilización de condiciones es estar en el umbral de exclusión que exige que todos los miembros de la familia estén en paro (hay 1,5 millones); que las cuotas hipotecarias superen el 60% de los ingresos de la familia y que solo se posea una vivienda. El precio va en una escala que se inicia en los 200.000 euros como máximo en ciudades de más de un millón de habitantes hasta las poblaciones de menos de 100.000 habitantes, donde el límite son casas de menos de 100.000 euros. Los afectados no podrán tener rentas del trabajo o de actividades económicas. Los intereses moratorios no podrán ser superiores a 2,5 puntos sobre el tipo aplicado al préstamo. “Los actuales eran exagerados”, recalcó la vicepresidenta.

Ante el impago de las cuotas, se activará el siguiente proceso: primero se reestructurará la deuda ofreciendo hasta cuatro años en los que solo se pagarán los intereses y no el capital. También se podrá prolongar la hipoteca 40 años. El tipo aplicado sobre el euríbor en estos casos no superará los 0,25 puntos sobre el habitual.

Si este plan no es suficiente se aplicará el segundo que consiste en una quita de la deuda. Si aún así es inviable el pago del préstamo se aplicará la dación en pago. “La familia afectada podrá seguir dos años más, prorrogable, en alquiler”, dijo la vicepresidenta. El precio del alquiler será el 3% sobre la deuda pendiente. Es decir, si deben 100.000 euros, el alquiler será de 250 euros mensuales.

Santamaría dijo que la acogida del sector había sido “buena”. Pero no fue así, al menos entre los bancos. Las cajas sí se mostraron más favorables, aunque la procesión va por dentro. La Asociación Española de Banca (AEB) afirmó: “Las entidades bancarias están teniendo que asumir funciones contra la exclusión social que corresponden a las Administraciones públicas”. La patronal recordó que los bancos ya flexibilizan las hipotecas de los clientes más apurados y añadieron que “una política eficaz para combatir la exclusión social debe basarse en atacar sus causas y no solo en paliar sus efectos”. Las cajas destacaron su vocación social, aunque evitaron valorar la norma “hasta la publicación del texto definitivo”.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca criticó la norma porque “la mayoría de las ejecuciones se inician para deudas superiores a 200.000 euros”. También añadieron que los bancos aceptan las daciones en pago cuando la deuda es inferior al precio de las viviendas.

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Fuente: El País

El nuevo equipo de la Agencia Tributaria seguirá el camino iniciado por la anterior dirección para detectar alquileres sin declarar. Hacienda posee datos de consumos eléctricos de 35 millones de inmuebles. Con ellos, entre otras cosas puede descubrir si una vivienda que consta como vacía está en realidad alquilada, lo que significa que el propietario no estaría tributando por las rentas obtenidas. En el caso de los locales comerciales, los datos facilitados por las eléctricas permitirán que los inspectores detecten negocios que operan en la economía sumergida. También se reforzarán los controles en los polígonos industriales. Uno de los objetivos anunciados por el nuevo equipo es que los inspectores fiscales “pisen más la calle”.

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Fuente: Cinco Días

La promotora Proinlasa acaba de entregar su última promoción y ya tiene en marcha dos nuevos proyectos en localidades madrileñas. Sus responsables comentan las dificultades del mercado inmobiliario y explican que su compañía sortea este problema adquiriendo suelos a las entidades financieras y dirigiéndose a una demanda solvente. La consejera delegada de Proinlasa, Covadonga del Caño, recuerda que en este sector “solo se puede trabajar con financiación” y llama la atención sobre las mayores dificultades para conseguirla. “Hoy, la fórmula para poder financiar la adquisición de un suelo es comprárselo a una entidad a la que le interese sacarlo de su balance”. Los responsables de la empresa se muestran convencidos de que hay mucha vivienda retenida por falta de financiación. “Si se dieran hipotecas, estaríamos en ratios de venta de antes de la crisis”, asegura Rafael Bueno, delegado de la zona centro de la promotora. Por su reciente experiencia en la comercialización de un edificio, en Proinlasa tienen identificado el perfil de quien hoy compra vivienda: padres que ayudan a sus hijos, inversores que las van a poner en alquiler y parejas que cambian de casa. “Son clientes con poder adquisitivo y que solo piden una hipoteca por el 50% o el 40% del precio final”, asegura Caño. “Son un chollo para los bancos, ya que tienen un riesgo muy bajo para ellos y con una de estas hipotecas de euríbor con un diferencial del 2% están ganando lo mismo que ganaban hace años con el 10“, apunta Bueno.

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Fuente: El Mundo