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La justicia europea respalda que los jueces españoles puedan anular las cláusulas hipotecarias que consideren abusivas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado que los magistrados deben “tener la posibilidad” de anular la aplicación de una cláusula que imponga un tipo de demora que triplique el interés legal del dinero, tal y como fija la legislación nacional. La magistratura europea da así un espaldarazo a la modificación de la ley española a raíz de otra sentencia del TJUE de marzo de 2013. Hasta entonces, la norma no permitía a los jueces suspender una ejecución hipotecaria si encontraban cláusulas abusivas. La sentencia responde a demandas de ejecución presentadas por Unicaja Banco y de Caixabank ante el juzgado de primera instancia de Marchena (Sevilla). El magistrado elevó una consulta al Tribunal europeo sobre el encaje de la legislación española —según la cual el juez debe ordenar que se recalculen los intereses de demora si el tipo de interés aplicado es más de tres veces superior al interés legal del dinero— en la directiva europea sobre cláusulas abusivas en contratos entre profesionales y consumidores. Los jueces del TJUE sostienen que la directiva comunitaria no se opone a la legislación española siempre que se cumplan dos condiciones: que no prejuzgue la aplicación por parte del juez español a la hora de dictaminar el carácter abusivo de una cláusula y que no impida al magistrado nacional anular una cláusula que considera abusiva en el sentido de la directiva. El Tribunal agrega que la cancelación de las cláusulas abusivas no debería conllevar “consecuencias negativas” para el titular de la hipoteca, dado que los importes sobre los que se inició la ejecución hipotecaria son “necesariamente menores”, al no verse incrementados por los intereses de demora de las cláusulas susceptibles de ser anuladas.

La existencia de una fuerte dependencia entre entidades financieras y sociedades de tasación, ya que muchas de estas se encontraban en manos de las primeras, llevó al Banco de España a tomar cartas en el asunto hace unos años. El hecho de que la filial de un banco fuera la responsable de valorar el precio del inmueble para el que la entidad concedía un crédito, durante los años del boom del ladrillo, o de tasar el valor que se descuenta de una deuda hipotecaria impagada, tras el estallido de la burbuja, ha supuesto un conflicto de intereses. La creciente presión del supervisor ha logrado reducir de una docena a tres el número de tasadoras en manos de la banca que, si antes acaparaban un 46,8% de la cuota de mercado, en la actualidad solo facturan un 4,9% del total. Son datos publicados en el último Boletín Económico del Banco de España, con los datos de cierre de 2013.
Actualmente son tres las tasadoras que siguen en manos de la banca: la Sociedad Integral de Valoraciones Automatizadas (Sivasa), que forma parte del área de riesgos de Banco Santander; Tasaciones Andaluzas, de Unicaja, y LKS Tasaciones, de Caja Laboral.
 

BBVA transmitió al Banco de España su negativa a invertir en la Sareb. El banco estaba llamado desde el primer momento a ser uno de los accionistas de referencia de Sareb, pero su presidente, Francisco González, no estaba convencido en absoluto del sentido económico de la operación, ni del plan de negocio esbozado en aras de obtener una rentabilidad anual de alrededor del 15%. En los múltiples contactos mantenidos, BBVA reclamó al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) garantías de que la eventual inversión en Sareb no iba a ser un pozo sin fondo que exigiera continuas ampliaciones de capital a sus accionistas. La respuesta no ha convencido al banco, que quería que las autoridades acotaran de alguna manera el esfuerzo que habrán de acometer los accionistas para que la participación privada del banco malo supere siempre la mitad del capital, con el fin de no entorpecer la consecución de los objetivos de déficit público.
BBVA quería asegurarse de que si la situación económica se deteriora más allá de lo previsto inicialmente y crecen los activos en manos del banco malo, procedentes tanto de las cuatro nacionalizadas como de las entidades que recibirán inyección pública, los inversores privados no tendrán que redoblar esfuerzos para elevar los recursos propios del vehículo, que serán el 8% del total de activos.
La postura de BBVA ha generado mucha expectación, tanto en el Gobierno como en las entidades sanas. Una vez que el banco ha decidido que no va a entrar en el banco malo, es posible que la aportación requerida al resto de entidades sanas tenga que crecer para cubrir su ausencia.  
Su negativa ha trastocado los planes del Ejecutivo, aunque el consejero delegado de BBVA, Ángel Cano, dejó claro hace semanas que el banco no tenía “vocación natural” por invertir en Sareb, y el plan de negocio planteado no ha revertido esa circunstancia.
El Gobierno aspira a que el 80% del capital privado del banco malo proceda de las aportaciones de Santander, Caixabank, Sabadell, Bankinter, Unicaja, Kutxabank, Ibercaja y Popular.

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Fuente: Expansión