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El Ministerio de Vivienda tendrá que ajustar una cantidad no inferior a los 1.200 millones de euros en diversos programas contenidos en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR) 2009‐2012. El ajuste, calificado ayer por la ministra, Beatriz Corredor, como muy duro y acelerado, se desglosa en una partida de 140 millones del fondo de reserva de eficacia, que se aplicará en este mismo ejercicio y en el periodo 2011‐2012 se reducirán 750 millones en las ayudas a la entrada en la compra de vivienda; 67 millones se economizarán con la suspensión de subvenciones a la adquisición de suelo para vivienda protegida, 206 millones se extraerán de la reducción del 40% del presupuesto de ayudas a la promoción de vivienda protegida en alquiler y otros 30 millones procederán de la no renovación de los convenios con las comunidades autónomas de las ventanillas únicas, que quedarán reducidas a la condición de oficinas técnicas para la rehabilitación y que no tienen costo presupuestario. Estas cifras, adelantadas ayer por Corredor en la comisión de Vivienda del Congreso, pueden variar de acuerdo con los ajustes que exija la redacción final de los Presupuestos Generales del Estado.
La ministra hizo hincapié en que las personas que hayan avanzado en el proceso de compra de una vivienda de protección oficial podrán obtener la ayuda a la entrada (AEDE), aunque se haya rebasado la fecha del primero de enero de 2011, a partir de la que se suprime este tipo de ayudas mediante un sistema de “suave transición” hasta su desaparición total. Corredor se refirió también a que su departamento tiene pendientes de justificación por parte de las comunidades autónomas 600 millones de euros de programas afectos al Plan de Vivienda.
Asimismo se informa que el decreto que modificará el PERV incluirá también una modificación de las condiciones de financiación de los préstamos convenidos destinados a promotores de vivienda para acceso a los créditos. La horquilla aceptada para la diferencia aplicable en los tipos de interés sobre el euribor pasará de un máximo de 200 puntos básicos desde los 125 puntos básicos que rigen actualmente.
Fuente: El Economista
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