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Expertos y empresas afectadas muestran escepticismo ante las medidas anunciadas por el Gobierno y la capacidad para crear 350.000 empleos. Escepticismo, de entrada, por el alcance del término rehabilitación. Hasta ahora, los trabajos de las empresas constructoras que podían acogerse al tipo impositivo del 7% ‐y que aumentará hasta el 8% a partir de julio‐ eran muy limitados. Al capítulo de rehabilitación, hasta ahora sólo podían acogerse “aquellas obras que se realizasen en las viviendas y la obra consistiese principalmente en la consolidación y el tratamiento de las estructuras, fachadas o cubiertas y otras análogas siempre que el coste global de la obra excediese el 25% del valor de la edificación, incluyendo el terreno”. Para José Manuel Galindo, presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), esto significa que, por ejemplo, para un piso de 180.000 euros la obra tendría que superar los 45.000 euros. “Una barbaridad, con lo que las reformas de baños y cocinas típicas quedaban excluidas”, apunta. “Esto significa que hay que redefinir el concepto de rehabilitación, y nunca nos han aclarado a qué se referían con análogas”. Galindo apunta que “estos trabajos se hacían muchas veces con empresas de economía sumergida, con lo que ahora si el propietario se quiere deducir, además, el 10% del IRPF que se propone, tendrá que contratar a empresas legales”.
Fuente: La Vanguardia.
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