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La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) presentó ayer el informe Por un mercado de la vivienda que funcione: Una propuesta de reforma estructural, con el que pretenden abrir un debate sobre qué medidas adoptar para mejorar y flexibilizar el acceso a una casa. El estudio reclama la adopción de cuatro medidas concretas. La primera sería potenciar el mercado de alquiler mediante la liberalización del plazo de los contratos, de tal manera que se pase del periodo mínimo actual de cinco años a uno solo. En este sentido, recuerdan que continúa pendiente la reforma prevista para introducir mayor seguridad jurídica para los propietarios y reducir las garantías que se exigen a los inquilinos.
La segunda actuación debería centrarse en “suprimir con carácter inmediato todos los incentivos fiscales a la compra de vivienda”, explicó Luis Garicano, catedrático de la London School of Economics, uno de los autores del informe. En tercer lugar, los autores del trabajo reclaman la extinción de la vivienda de protección oficial en propiedad (VPO) y reorientar las subvenciones hacia el alquiler, pero no con la idea de promover un parque público como desea el Gobierno. Por último, insisten en eliminar el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) en la compraventa de casas y, por contra, aumentar el que grava los bienes inmuebles (IBI) creando un tramo autonómico y “haciéndolo de verdad progresivo”.
Fuente: Cinco Días.
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