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El Gobierno, a través de la Ley de Economía Sostenible, quiere imponer más disciplina a las entidades financieras y elevar la protección de los usuarios. El proyecto de ley ha elevado a falta grave cualquier abuso en la concesión de préstamos (hipotecarios y al consumo), la contratación de depósitos o no informar previamente al cliente de los aspectos relevantes de un contrato antes de firmarlo. También considera, por primera vez, falta grave “la ausencia o el mal funcionamiento de los servicios de atención al cliente” de las entidades. El Banco de España podrá multar “por un importe de hasta el medio por ciento de los recursos propios de la entidad o hasta 500.000 euros si aquel porcentaje fuera inferior a esta cifra”. Esta normativa llega después de la escasa repercusión de la implantación de la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros (Mifid, por sus siglas en inglés), que pretendía unificar criterios en los servicios financieros de los 27 Estados de la Unión Europea y proteger a los inversores fomentando la transparencia.
Fuente: El País.
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