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El presidente de la Asociación de Promotores Constructores de Edificios de Barcelona, Enric Reyna, anunció ayer que no firmarán el Pacto Nacional por la Vivienda que impulsa la Generalitat de Cataluña porque se basa en una ley- actualmente en tramitación parlamentaria sobre la que están en claro desacuerdo. Los promotores no son los únicos que condicionan la firma del ese pacto a la retirada de algunos artículos; también CiU se ha expresado en estos términos. En concreto, los promotores se oponen a destinar a vivienda social el 20% de cualquier promoción o rehabilitación que se haga en suelo consolidado - es decir, que no sea de nueva calificación - adquirido a precio de mercado. Consideran sobre este aspecto que destinar parte de las promociones a vivienda social encarecería el producto final. Tampoco ven con buenos ojos que en los próximos 15 años todas las poblaciones de Cataluña con más de 3.000 habitantes deban tener un mínimo del 15% de viviendas protegidas, lo que supondrá que en muchas localidades no se podrá construir ni una vivienda de precio libre. Las discrepancias entre los promotores y el Departamento d’Habitatge de la Generalitat radican también en el hecho de que la Administración quiere encargarse, mediante un registro único, de la adjudicación de los pisos protegidos. A pesar de las objeciones, los promotores confían en poder llegar a un acuerdo para que el pacto entre en vigor cuanto antes. Información incluida en El Periódico. (La Vanguardia. Suplemento Vivir. Página 6. 4 medias columnas).
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