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Si bien no es la mejor salida, el concurso de acreedores puede ser la única vía para evitar que las entidades financieras procedan al embargo de un inmueble cuando el titular del préstamo es incapaz de afrontar el pago de las cuotas mensuales. Estos episodios se han generalizado con la crisis entre promotores y entidades financieras. En el caso de personas físicas, sólo durante el pasado año en torno a 1.700 se acogieron a la ley concursal, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), una práctica que desaconsejan los juristas porque aboca al fracaso, dado que apuntan que está pensada para empresarios y profesionales.
Entre 2006 y 2007 sólo 193 particulares se acogieron al concurso de acreedores. De las 1.689 personas que engrosaron la lista el pasado año, 1.312 son familias que trabajan por cuenta ajena y las 377 restantes, autónomos o pequeños comerciantes.
Fuente: El País.
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