Noticias sobre Fondo social de viviendas

Una enmienda del Grupo Popular eleva de dos a cuatro años la suspensión de desahucios de personas vulnerables y extiende el disfrute del Fondo Social de Viviendas a los desahuciados por impago de préstamos no hipotecarios, hasta ahora sólo podían acceder a estos inmuebles las víctimas de un desalojo por impago de un préstamo hipotecario. El convenio para la constitución del Fondo Social de Viviendas se firmó en enero del año 2013 por los ministerios de Economía, Sanidad, Fomento, Banco de España, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Plataforma del Tercer Sector, las patronales bancarias y 33 entidades de crédito. El alquiler de estas viviendas se encuentra entre los 150 y 400 euros mensuales. Entre los requisitos para poder acceder a este Fondo, destacan que el desalojo se produjera a partir del día 1 de enero de 2008, que el conjunto de los ingresos mensuales de los miembros de su unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (1.597 euros) o que la familia no posea una vivienda en propiedad.

El Gobierno ha decidido prorrogar la moratoria para los desahucios que se produzcan a partir de mayo de 2015, cuando vence la paralización actual.
Según fuentes próximas al Ejecutivo, la medida se ha adoptado después de que hasta la fecha la moratoria en vigor haya permitido la suspensión de más de 10.000 desahucios. Al menos 1.400 familias habían accedido a principios de septiembre a un alquiler reducido del fondo social de viviendas, y el código de buenas prácticas de la banca había permitido 6.500 reestructuraciones de deuda y más de 2.100 daciones en pago, es decir, la entrega de las llaves para saldar la hipoteca. De esta forma, unas 20.000 familias se habían beneficiado del conjunto de las medidas puestas en marcha por el Gobierno para paliar el problema de los desahucios.
 

La banca ha aceptado que 2.124 familias cancelen de su hipoteca con la entrega de las llaves de su vivienda, lo que se conoce como dación en pago, y ha reestructurado la deuda a sus clientes en 6.498 casos desde que se puso en marcha el código de buenas prácticas en marzo de 2012. Además, las entidades han adjudicado 927 viviendas en alquiler a un precio reducido ‐entre 150 y 400 euros‐, de las 6.000 que forman parte del fondo social de viviendas creado por la banca y destinado a gente sin recursos.
Desde marzo de 2012 y hasta mayo de este año, la banca recibió 23.989 peticiones de familias para buscar una salida a la hipoteca de su vivienda habitual. De esas solicitudes, en 6.498 casos las entidades optaron por allanar el pago de la hipoteca, concediendo mayores facilidades para el pago del préstamo y en otros 2.124 casos se aprobó la dación en pago.
 

A pesar de los casi 39.000 desahucios del año 2013 sólo 400 familias que han perdido sus casas han firmado un contrato con el Fondo Social de Vivienda, de los 780 que se han adjudicado.
Tampoco ha aportado soluciones importantes el código de buenas prácticas bancarias, suscrito voluntariamente por casi todas las entidades financieras del país. Desde febrero de 2012 14.368 familias han pedido a su entidad bancaria una reestructuración de su deuda. De ellas, 2.827 se encuentran en “fase de reestructuración viable” y 6 en la fase de “reestructuración inviable y quita de la deuda por parte de la entidad”. Y se llevaron a cabo 1.006 operaciones de dación en pago con supresión de la hipoteca. Otras 6.274 fueron rechazadas por no cumplir los requisitos exigidos en el código de buenas prácticas bancarias, no se ha facilitado información de lo que ha sucedido con el resto, aunque se sobreentiende que han sido rechazadas.

El Fondo Social de Viviendas (FSV) amplía su ámbito de aplicación para acoger a más supuestos de vulnerabilidad social y las personas prejubiladas o jubiladas que hayan avalado las deudas de hijos o nietos podrán solicitar una vivienda de este Fondo. El Fondo Social de Vivienda está destinado a quienes, como consecuencia de un desahucio, han perdido su vivienda a partir del 1 de enero de 2008. En el primer año de aplicación, 2013, se recibieron 1.537 solicitudes y se adjudicaron 780 viviendas.
Tras las últimas modificaciones, se permitirá que se queden en la vivienda quienes la hayan perdido por una ejecución forzosa y tras haber sido adjudicada y, en casos de dación en pago, a cambio de un alquiler reducido. La renta oscilaría entre 150 y 400 euros al mes o por debajo en circunstancias especiales, tal como está previsto en el Convenio del Fondo Social de Viviendas, creado en enero de 2013 y que cuenta con 6.000 viviendas de 33 entidades financieras. A partir de ahora también se tendrá en cuenta a las unidades familiares con hijos menores de edad, y no solo los de menos de tres años. También a las personas en situación de dependencia o con discapacidad para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los Servicios Sociales competentes, “un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social y autonomía”. Se siguen manteniendo los requisitos anteriores como son la situación de desempleo y sin prestaciones económicas, familias monoparentales, familias numerosas o aquellas con víctimas de violencia de género.

El Gobierno español justificó su rechazo a algunas propuestas para luchar contra los desahucios porque peligraba la estabilidad financiera. Sin embargo, ahora el Banco Central Europeo (BCE), uno de los componentes de la troika que vela por la reestructuración financiera, el que le reclama más medidas contra el drama social que sufre España. En un dictamen firmado por el presidente de la institución, Mario Draghi, y dirigido al Gobierno de Mariano Rajoy, el BCE señala que “debería adoptarse un conjunto de medidas más amplio que aborde las causas subyacentes de las dificultades relacionadas con las hipotecas y que trate de evitar, en la medida de lo posible, las ejecuciones hipotecarias”. Y concluye aconsejando flexibilidad: “Solo con una estrategia de resolución más amplia se puede hacer frente a los retos que plantean los cambios en las circunstancias económicas de los prestatarios, los cambios sustanciales en el valor de los inmuebles y el posible resultado de hipotecas inviables, manteniendo al mismo tiempo incentivos apropiados tanto para deudores como para acreedores y reduciendo al mínimo el posible riesgo moral”.
Y aunque el supervisor europeo aplaude el establecimiento de un fondo social de viviendas, considera que esa iniciativa debería ser parte de una estrategia amplia e integrada de gestión de las dificultades relacionadas con las hipotecas. “Esta estrategia puede desembocar finalmente en menos ejecuciones hipotecarias y menos necesidad de un fondo social de viviendas”, explica en su informe.

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Fuente: El País
 

El calificativo “vulnerable“ que empleó el ministro de Economía, Luis de Guindos, hace poco menos de cuatro meses, para agrupar a las familias desahuciadas o incapaces de seguir pagando una hipoteca y que podían beneficiarse de un alquiler social tendrá nuevas acepciones. El Gobierno decidió flexibilizar las condiciones que debe cumplir una familia para acogerse a ese alquiler social. El plan pasa ahora por no limitar a un periodo concreto la ejecución hipotecaria y el desalojo de las familias interesadas en solicitar un alquiler social, además de mejorar las condiciones del arrendamiento, según aseguraron fuentes cercanas al Ministerio de Economía.
Cualquier familia podrá recurrir a este tipo de alquiler, con independencia de que haya sido desahuciada antes del 1 de enero de 2008, que fue la fecha fijada por el Gobierno como primera condición para acceder a un alquiler social. Es más, modificará el límite máximo de dinero que una familia puede dedicar al pago del arrendamiento. El Consejo de Ministros estableció un máximo del 30% de la renta familiar a destinar al alquiler. Ahora, ese porcentaje podrá ser mayor, lo que facilitará el acceso a una vivienda en función de las necesidades de la familia. El alquiler estará comprendido entre 150 y 400 euros, y la duración del contrato de arrendamiento será de dos años. Lo que no cambiará es que las familias que se pueden acoger a este tipo de alquiler serán aquellas cuya vivienda afectada por un desalojo sea la única en propiedad que poseen. Sus ingresos, en conjunto, no podrán ser de más de 1.597 euros al mes ‐19.164 euros anuales‐ y la carga que supone la hipoteca debe haber crecido, al menos, un 1,5% desde 2008.
La decisión de flexibilizar las condiciones de acceso al Fondo Social de Viviendas llega después de que el pasado 31 de marzo concluyera el primer plazo para solicitar una casa. Fuentes financieras reconocieron que “la iniciativa del Gobierno fue un fracaso”. Los bancos apenas recibieron solicitudes, en relación al número de viviendas que destinaron al fondo social. Así, el Popular sólo registró tres solicitudes frente a los 336 inmuebles que ofreció al Gobierno. Sabadell recibió 31 de las 250 viviendas que cedió al fondo. BBVA no llegó a registrar ni un 3% de solicitudes de los 899 inmuebles aportados. Y Bankinter no recibió ninguna, pese a ofrecer 56 viviendas. Por su parte, CaixaBank aportó al fondo cerca de 900 viviendas y el Santander, 590, pero el interés por parte del ciudadano, en ambos casos, fue mínimo. Solo Bankia registró un mayor número de solicitudes. Un total de 326 frente a las 1.000 viviendas cedidas al fondo. Fuentes financieras apuntan que el fracaso se debió a una desinformación por parte de las familias ante la nula campaña que ha hecho el Gobierno. A esto se suma el hecho de que “los bancos tienen mejores condiciones de alquiler” que las impuestas por el Ejecutivo.

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Fuente:El Mundo

La banca siente que la solución al problema de los desahucios está desenfocada al querer arreglar el drama de las familias más vulnerables con cambios en el mercado hipotecario susceptibles de encarecer el crédito para todos y constreñirlo si se adoptan soluciones como la dación en pago. El presidente de la Asociación Hipotecaria (AHE), Santos González, está de acuerdo con que la banca colabore en ayudar a las familias vulnerables al límite, con el fondo social de viviendas o la paralización de los desalojos, pero reivindicó que el problema es social y debe arbitrarse con medidas del mismo tipo –“las familias no pagan porque han perdido su empleo y la solución es crear empleo”, reivindicó‐. En segundo término urgió la adopción de una ley de “segundas oportunidades” o insolvencia para individuos y familias, al estilo de la ley concursal que facilita a las empresas reestructurar su deuda, pudiendo evitar tener que liquidarse.
Con una ley de “segundas oportunidades”, el ciudadano que no pueda encarar la hipoteca se acoge a un plan de pagos para afrontar el sobreendeudamiento con desembolsos parciales, renegocia la deuda o acuerda quitas. Al entrar en esta vía intervendría un mediador para hacer de interlocutor con los bancos y tomar las riendas de la solución. Se haría cargo de la situación financiera de la familia, intervendría los recursos y diseñaría un plan de pagos. Si no se cumple, se procede a la liquidación del patrimonio. En todo caso, ayuda al ciudadano a pasar página de la deuda. En Francia el rol del mediador lo asume el mismo banco central. “Es bueno y deseable recorrer ese camino. Pero la segunda oportunidad no se regala. Hay que ganarla”, alertó González. Apuntó que el sistema a largo plazo no debe ser como el arbitrado en España para socorrer de emergencia a las familias, donde el que no puede pagar su piso se queda viviendo en él con un alquiler social. En otros países, refirió, la situación financiera familiar queda registrada en unos archivos entre cinco y ocho años. Los ficheros de créditos impagados desalientan la concesión de nuevos préstamos. Una normativa así facilitaría la rehabilitación económica del deudor persona física. Distinto es dar alojamiento para familias que han perdido la vivienda con la crisis.

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Fuente: El Economista

La presión social logró que el Gobierno moviera ficha frente al drama de los lanzamientos en lo que calificó de “primera fase de medidas de protección de los deudores hipotecarios”. Fuentes solventes confirman que ya hay otras iniciativas en estudio y muy avanzadas. De momento, las actuaciones han ido dirigidas a evitar los lanzamientos durante dos años y a constituir un Fondo Social de la Vivienda. De hecho, una de las normas más esperadas del nuevo periodo de sesiones es la que recoge estas propuestas, tras el acuerdo de los grupos para que el decreto ley del Gobierno fuera tramitado como proyecto de ley después de su convalidación por la Cámara Baja a finales de noviembre.
Desde el equipo económico del Ejecutivo destacan que hasta ahora se ha puesto la atención en las medidas paliativas adicionales a corto plazo, pero que están convencidos de que se pueden hacer más cosas “sin demagogia” frente a este problema. Siempre teniendo en cuenta ‐precisan‐ que los cambios legales no afecten “negativamente” a la banca ni a la financiación de la construcción de nuevas viviendas ni al principio básico en materia de seguridad jurídica “de que las deudas se pagan”.
Entre las medidas en las que el Gobierno está trabajando está la limitación de los intereses de demora, que son cláusulas penales por cumplimiento tardío, no intereses remuneratorios. Hasta ahora, lo normal es que las entidades financieras incluyeran en sus contratos de préstamo o créditos hipotecarios intereses de demora del 20,5%. Según los expertos, hay dos medidas susceptibles de ser aplicadas: la de limitar legalmente el tipo de los intereses de demora y la de limitar el importe y las cuotas que devengan tales intereses. El segundo cambio que se prepara afecta a las hipotecas con cláusulas abusivas. El Gobierno quiere acabar con su comercialización. En ello influyen las consultas de algunos jueces españoles al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre su legalidad. Un ejemplo son las cláusulas suelo. 

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Fuente: La Razón

El Ministerio de Fomento está negociando con la Sareb que los inmuebles de las entidades que se aparquen en este banco malo puedan sacarse también al mercado del alquiler, y no sólo venderse. Así lo apuntó el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá.
“Los pisos de la Sareb están destinados a ponerse en el mercado. En venta o en alquiler”, dijo Catalá. Fomento está “en contacto” con el equipo directivo del banco malo “para añadir pisos de la Sareb” al fondo social de viviendas, por si a sus gestores “les interesa que renten” hasta que se vendan. En caso afirmativo, pasarían “a formar parte de la disponibilidad de recursos” de la política social de vivienda del Ejecutivo, con alquileres baratos para familias con rentas bajas. Aún no se ha cerrado un acuerdo, pero Catalá confió en “obtener sensibilidad” de la sociedad que preside Belén Romana. “Compartimos intereses”, enfatizó.
Por su parte, Romana dijo que es “bastante improbable” que los pisos de la Sareb entren en la categoría social, porque su valor mínimo es de 100.000 euros. Pero Catalá hizo referencia a inmuebles de hasta 150.000 euros. En esa horquilla podrían situarse muchas viviendas, dijo. En todo caso, el secretario de Estado subrayó que Fomento está trabajando para que se coordine la labor del banco malo con la nueva política de vivienda que prepara el Gobierno. Precisamente ese cambio de rumbo en materia inmobiliaria es lo que se debatía en la Conferencia sectorial con los consejeros de Fomento o Vivienda de cada autonomía. Canarias, Andalucía y Cataluña pidieron que la Sareb destine parte de sus pisos al alquiler social, al igual que Fomento. Las dos últimas también exigieron gestionar esos pisos ellas mismas.
La consejera andaluza, Elena Cortés, demandó también que se realice una quita a la deuda de todos aquellos particulares que tengan hipotecas con cláusulas abusivas, “como ya se ha hecho con las entidades financieras y como ya se ha hecho con los deudores particulares de otros países”. Catalá le contestó: “Se trata de contratos privados; no podemos obligarlos”.

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Fuente: Expansión