Noticias sobre Desahucio

Más de 31.500 familias se han beneficiado de las medidas puestas en marcha para proteger a los hipotecados, lo que ha evitado unos 13.000 desahucios y permitido 12.650 reestructuraciones de deuda.
Además, casi 4.000 personas se han librado de su hipoteca con la dación en pago y otras 2.000 familias en riesgo han accedido al alquiler social de una vivienda cedida por las entidades financieras.
El Gobierno ha reforzado las medidas para proteger a los hipotecados, aprobando un marco de insolvencia que permite a cualquier persona librarse de sus deudas.
También se ha incluido a todos los mayores de 65 años como beneficiarios del código de buenas prácticas.
A lo largo del año 2014 los datos muestran un importante incremento en las familias beneficiadas por el código de buenas prácticas, ya que de 22.998 solicitudes recibidas, en 9.728 casos se ha reestructurado la deuda y ha habido 2.829 daciones en pago.
Asimismo, el Gobierno ha prorrogado dos años más la moratoria hipotecaria, que desde hace tiempo impide que en España se desahucie de su vivienda habitual a las personas en riesgo de exclusión social.
 

Una enmienda del Grupo Popular eleva de dos a cuatro años la suspensión de desahucios de personas vulnerables y extiende el disfrute del Fondo Social de Viviendas a los desahuciados por impago de préstamos no hipotecarios, hasta ahora sólo podían acceder a estos inmuebles las víctimas de un desalojo por impago de un préstamo hipotecario. El convenio para la constitución del Fondo Social de Viviendas se firmó en enero del año 2013 por los ministerios de Economía, Sanidad, Fomento, Banco de España, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Plataforma del Tercer Sector, las patronales bancarias y 33 entidades de crédito. El alquiler de estas viviendas se encuentra entre los 150 y 400 euros mensuales. Entre los requisitos para poder acceder a este Fondo, destacan que el desalojo se produjera a partir del día 1 de enero de 2008, que el conjunto de los ingresos mensuales de los miembros de su unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (1.597 euros) o que la familia no posea una vivienda en propiedad.

El mercado inmobiliario evoluciona hacia su estabilización. Los indicadores referidos a precios y ventas de casas, así lo constatan. La directora de relaciones institucionales del Colegio de Registradores y exministra de Vivienda, Beatriz Corredor, aseguró que ya se perciben las consecuencias de la suave reapertura del crédito que se produjo a lo largo del año 2014. Así, la cuota hipotecaria media se situó en 553 euros al mes, lo que representa un descenso del 6,9% sobre el año anterior y fija el esfuerzo que realizan los hogares a la hora de comprar su vivienda por debajo del 30% de sus ingresos medios, el nivel considerado aceptable por su menor riesgo por las entidades financieras. En cuanto a la evolución que registraron los tipos de interés, estos se redujeron en promedio un 17% el año pasado, al tiempo que se incrementó ligeramente, un 2,25%, la duración de las nuevas hipotecas contratadas, hasta los 22 años y nueve meses. Este aumento del plazo de contratación de los préstamos es fruto de una mayor confianza de los bancos en la capacidad de pago de los titulares de esas hipotecas. Uno de los aspectos que incluye la estadística del Colegio de Registradores es el primer balance de un ejercicio completo de procesos de ejecución hipotecaria iniciados. En 2014 se contabilizaron 69.023, de los que el 62,5% correspondió a personas físicas y el 37,5% restante a personas jurídicas o empresas. De ese volumen de procesos iniciados, no todos concluyen con el lanzamiento del inmueble o el desahucio, ya que una vez se inscribe en el registro el proceso, se pueden producir varias circunstancias (dación en pago, desembolso de la deuda o su refinanciación) que eviten el desalojo.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013‐2016. Este plan busca sustituir a la VPO, ya que, según el Ministerio de Fomento, no es una salida válida actualmente para las rentas bajas. De hecho, la VPO ya es más cara que la vivienda libre en multitud de provincias de España.
El Gobierno prevé conceder un subsidio, de hasta 200 euros al mes, a 200.000 familias con problemas económicos, para pagar el alquiler hasta 2016. Fomento abonará entre un 33% y un 40% de la renta mensual a los hogares con ingresos de menos de 22.365 euros anuales que arrienden casas por menos de 600 euros. El tope son 2.400 euros al año. La nueva ayuda se concederá durante 12 meses prorrogables a toda la vigencia del plan. Podrán cobrar el subsidio al alquiler de vivienda libre las familias o personas con un límite de ingresos inferior a tres veces el Iprem (los citados 22.365 euros anuales), pero la cuantía será modulable según el número de miembros de cada hogar, para primar a los más necesitados, según Fomento. Tendrán preferencia las personas desahuciadas. Los beneficiarios de la renta básica de emancipación podrán agotar ésta o comenzar a cobrar la nueva subvención ya. Desde que se resuelva favorablemente su solicitud de la nueva ayuda, perderá la anterior.
 

El PSOE ha presentado una propuesta no de ley en la que le pide al Congreso que obligue al Gobierno a “adoptar las medidas normativas necesarias para eliminar las cláusulas suelo en la totalidad de los saldos vivos de préstamos hipotecarios, tanto de viviendas como de locales, de todas las entidades de crédito y, en especial, de aquellas entidades que han recibido ayudas públicas”. El PSOE apunta que “la eliminación de estas cláusulas evitarían muchos desahucios y la situación de insolvencia que padecen muchas familias”.
El grupo socialista considera que el Banco de España debe de actuar de oficio en la revisión de las hipotecas que todavía mantienen cláusulas suelo e informar sobre la transparencia y el cumplimiento de los requisitos exigibles. En caso contrario, el Gobierno debe promover cambios normativos para obligar a los bancos a demostrar que se cumplen con los requisitos fijados por el Tribunal Supremo. De no hacerlo, las cláusulas serán declaradas nulas y conllevarán la devolución del dinero pagado de más por el cliente.
 

El Gobierno quiere incentivar el alquiler de vivienda para que España se acerque a los estándares europeos. Para ello, baraja agilizar más los procesos de desahucio de los inquilinos morosos reformando la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). El sector se queja de que los propietarios tardan entre 8 y 14 meses en recuperar sus casas tras los impagos, lo que es un lastre para que más caseros opten por arrendar. El parque de viviendas en alquiler en España representa el 17% del total, frente a un promedio de entre el 30% y el 40% en la Unión Europea.
Las empresas que intermedian en este mercado demandan más medios humanos y una reserva de juzgados especializados en estos asuntos para poder hacer efectiva esa agilización del desalojo.
Las mejoras que quiere realizar el Ejecutivo vendrán por el establecimiento de plazos más cortos y estrictos para poder desalojar a los inquilinos morosos y de medidas que hagan que los tiempos puedan cumplirse. Se descarta introducir más incentivos fiscales al alquiler.
 

Los lanzamientos practicados durante el segundo trimestre aumentaron un 3,7% después de sumar un total de 18.749 procesos, de los que el 53,2% correspondió a impagos de rentas de alquiler y el 42,2% a ejecuciones hipotecarias. Según las cifras proporcionadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), siempre han pesado más en términos relativos los desahucios procedentes de arrendamientos, que aquellos a consecuencia de una ejecución hipotecaria. Sin embargo, según avanza la crisis, la distancia que tradicionalmente había entre ambos se ha ido reduciendo.

El Gobierno ha decidido prorrogar la moratoria para los desahucios que se produzcan a partir de mayo de 2015, cuando vence la paralización actual.
Según fuentes próximas al Ejecutivo, la medida se ha adoptado después de que hasta la fecha la moratoria en vigor haya permitido la suspensión de más de 10.000 desahucios. Al menos 1.400 familias habían accedido a principios de septiembre a un alquiler reducido del fondo social de viviendas, y el código de buenas prácticas de la banca había permitido 6.500 reestructuraciones de deuda y más de 2.100 daciones en pago, es decir, la entrega de las llaves para saldar la hipoteca. De esta forma, unas 20.000 familias se habían beneficiado del conjunto de las medidas puestas en marcha por el Gobierno para paliar el problema de los desahucios.
 

El Gobierno prevé conceder un subsidio de hasta 200 euros al mes a 200.000 familias con problemas económicos para pagar el alquiler durante lo que resta de 2014, 2015 y 2016. A través del Plan Estatal de Vivienda 2013‐2016, el Ministerio de Fomento abonará entre un 33% y un 40% de la renta mensual a los hogares con ingresos de menos de 22.365 euros anuales que arrienden casas por menos de 600 euros. Con esta medida se busca sustituir a la vivienda de protección oficial (VPO), ya que no es una salida válida actualmente para las rentas bajas porque en multitud de provincias la VPO ya es más cara que la vivienda libre.
La nueva ayuda se concederá durante 12 meses prorrogables a toda la vigencia del plan. Podrán cobrar este subsidio al alquiler de vivienda libre las familias o personas con un límite de ingresos inferior a tres veces el Iprem (22.365 euros anuales), pero la cuantía será modulable según el número de miembros de cada hogar, para primar a los más necesitados. Además, tendrán preferencia las personas desahuciadas.
 

El Gobierno se está planteando la posibilidad de ampliar la vigencia de la moratoria de las ejecuciones hipotecarias, que acaba el próximo mes de noviembre, dado que esta medida "continúa siendo necesaria" a juicio del ministro de Economía, Luis de Guindos.
Según el ministro de Economía el Ejecutivo está "atento" a la evolución de los desahucios que, según los últimos datos del Banco de España, cayeron un 8,87% en el año año 2013 en relación con las viviendas habituales, aunque se incrementaron en términos generales.
Durante 2013 se produjeron casi 39.000 desahucios, lo que, en opinión del ministro, hace que "continúe siendo necesario" mantener medidas como la moratoria de dos años que se aprobó mediante decreto ley en noviembre de 2012 y que, por tanto, caducará en apenas tres meses.